Una explosión de vulnerabilidades
«Las naciones de América Central, entre ellas, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana han expresado una enorme preocupación por la interacción entre el tráfico de drogas y la migración irregular, que es el principal motor de la explosión de violencia», explica Leopoldo López Gil. Estos migrantes son explotados como fuerza de trabajo para la economía sumergida, y trabajan como mulas o en redes de prostitución para poder sobrevivir. «Más de 200 000 migrantes haitianos viven actualmente en República Dominicana, tras salir de su país sin documentos oficiales. Un total de 7,2 millones de venezolanos también han huido de la pobreza y se han dispersado por toda Sudamérica. Algunos se han dirigido a Estados Unidos a través de América Central, mientras que aproximadamente un millón han intentado migrar a Europa. [Porous borders and] [Las fronteras permeables y] la falta de documentación representan grandes amenazas para la seguridad de los países atravesados por los corredores migratorios», continúa el Eurodiputado.
La migración en América Central ha crecido un 40 % durante la última década, pasando de 2,8 a 3,9 millones en el corazón del Triángulo Norte formado por Honduras, El Salvador y Guatemala. Desde 2014, el fenómeno meteorológico de El Niño ha minado tanto la seguridad alimenticia como los ingresos de los hogares, causando la salida de al menos un miembro del 96 % de los hogares. . Y los países de la región están entre los más sensibles al calentamiento global. «Por desgracia, existen pocas medidas concretas en términos de seguridad regional [mientras] [while]que la delincuencia transnacional sigue llegando al núcleo de los sistemas políticos, financieros y judiciales del continente», lamenta el representante español. Los escándalos de corrupción y la falta de respuestas coordinadas han dado lugar al endurecimiento de las políticas migratorias y a la militarización de la seguridad pública como respuesta a la inseguridad.
Jus ad bellum
En El Salvador, en un solo día de marzo de 2022, fueron asesinadas 87 personas afiliadas a las «maras», pandillas como MS13 y Barrio 18. Desde entonces, el Presidente Nayib Bukele ha estado librando una «guerra sin cuartel» contra estos grupos delictivos y ha proclamado el «estado de excepción» para facilitar la localización de los miembros de las pandillas. Entre marzo de 2022 y de 2023, más de 70 000 personas fueron encarceladas, a la espera de un juicio, mientras que 153 detenidos murieron a consecuencia de torturas o lesiones no tratadas. En mayo, la Asamblea votó a favor de la compra de 8 vehículos blindados tácticos Hurricane valorados en 3,6 millones de dólares como parte del Plan Control Territorial, diseñado para poner freno al control territorial de las «maras ».[1].
Institucionalizar el diálogo con Europa
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