Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y lucha contra la delincuencia organizada: otra prioridad para Sudamérica

La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva son el principal foco de atención de las acciones de América Latina. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es el responsable de esta importante misión, que reúne a 18 países comprometidos en la lucha contra la expansión de las redes delictivas. Entrevista con su Secretario Ejecutivo, el abogado argentino Esteban Fullin. Por Geoffrey Comte
Esteban-Fullin

Una doble amenaza

«La mayoría de los delitos, como el blanqueo de capitales, se cometen en el corazón mismo de nuestro continente. América del Norte y Europa siguen siendo las principales salidas para el narcotráfico. América Latina representa una zona muy vasta donde la percepción del riesgo y la amenaza de la financiación del terrorismo sigue siendo insuficiente. El terrorismo no adopta aquí la misma forma que en otras partes, ya que está vinculado sobre todo a actos terroristas cometidos por organizaciones criminales, a diferencia de otras regiones en las que predominan las referencias ideológicas y religiosas», señala Esteban Fullin.

El sistema bancario, seguido de las actividades de notarios y abogados, luego la industria automovilística y, por último, el mercado inmobiliario[1] son los sectores más vulnerables al blanqueo de capitales. El contrabando genera unos beneficios estimados en casi el 2 % del PIB de América Latina, es decir, unos 150 000 millones de dólares al año, y penetra en las industrias de la metalurgia, el tabaco, el alcohol, los medicamentos e, incluso, en la industria textil.[2] Los delitos contra el medio ambiente se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y el contrabando. «Las actividades mineras ilegales generan beneficios ilícitos al tiempo que causan importantes daños medioambientales. Estos beneficios alimentan directamente a los grupos irregulares presentes en los distintos territorios nacionales», señala el Secretario Ejecutivo de GAFILAT. A nivel mundial, la minería ilegal genera entre 12 000 y 48 000 millones de dólares al año, mientras que los beneficios de la deforestación alcanzan entre 51 000 y 152 000 millones de dólares[3] La trata de seres humanos, por su parte, afecta a 3,6 millones de personas en toda América y mueve 150 200 millones de dólares al año en todo el mundo, a través de la explotación sexual y el trabajo forzoso, cuyas víctimas son en un 74 % mujeres y niñas [4]

Una pérdida total para el sector público

En 2017, el fraude en el impuesto sobre la renta y el IVA ascendió al 6,3 % del PIB de América Latina, es decir, 335 000 millones de dólares[5] «En Sudamérica, los impuestos y la presión fiscal siguen siendo elevados en general, lo que fomenta la evasión fiscal. Esta evasión fiscal es el origen de una parte importante de los beneficios ilícitos, sin estar directamente vinculada a las redes criminales. Representa una pérdida real de ingresos para los poderes públicos, desviando ingresos que podrían haberse aplicado a políticas sociales o incluso de seguridad. La lacra de la corrupción afecta a toda la cadena de funcionarios, desde los niveles más bajos hasta los más altos», indica Esteban Fullin.

Fricciones políticas, armonización técnica

Siguiendo la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el GAFILAT debería participar en la creación de un sistema regional para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. «Todos los países del continente están inmersos en estas luchas. Someter las políticas de apoyo a los alineamientos políticos sigue siendo un reto importante para nuestra organización. La política no debe primar sobre la cooperación técnica. Pero el mayor problema sigue siendo el acceso a los recursos fiscales y humanos necesarios para lograr este doble objetivo, tanto a nivel del GAFILAT como en los propios países. En América Latina, las agendas nacionales priorizan la erradicación de la pobreza y el hambre antes que estos temas de prevención. El crimen organizado sigue siendo un enorme desafío, que condena a los servicios policiales, a los sistemas judiciales y a las finanzas públicas a una tarea gigantesca», explica el abogado argentino. Y continúa: «colaboramos estrechamente con la Unión Europea, a través de programas como COPOLAD, y con sus países miembros, especialmente España, Italia y Alemania. Sus contribuciones financieras sirven a los intereses de nuestros 18 países socios sin exigir nada a cambio, lo que es vital para apoyar nuestros esfuerzos. Aparte del aspecto financiero, los conocimientos y la experiencia de Europa son muy interesantes para desarrollar nuestro propio conjunto de herramientas en América Latina».

Hacia una mayor seguridad financiera

Las evaluaciones mutuas y otras reuniones anuales nos permiten compartir buenas prácticas y anticipar futuras amenazas. «En los últimos años, hemos creado una red de información para la recuperación de activos, hemos apoyado la formación del personal y hemos proporcionado programas informáticos gratuitos para que el sector público elabore listas de control. En los próximos años, nos centraremos en los riesgos relacionados con la gestión de activos virtuales, el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro y las cuestiones relacionadas con la transparencia económica. En cuanto a los criptoactivos, algunos países avanzan hacia su aceptación como medio legal de pago, mientras que otros se muestran más reticentes. Nuestro papel es, por tanto, arrojar luz sobre los riesgos de dichos activos y proporcionar los medios para legislarlos en cada país. Por otra parte, el blanqueo de capitales no puede entenderse únicamente como el encarcelamiento de los responsables de los delitos financieros. Nuestro deseo es combinar la sanción penal con la recuperación de los bienes mal habidos para lograr una mayor transparencia y debilitar más duramente las fuentes ilícitas de ingresos. Como organización pública, trabajamos principalmente con los gobiernos y administraciones públicas. Por ello, aspiramos a estrechar lazos con el sector privado, mediante el desarrollo de acuerdos público-privados, con el fin de mejorar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales», anuncia Esteban Fullin.

[1] Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos (2019-2021), Buenos Aires, Argentina, GAFILAT, 2022.
[2] ALAC, Quinto Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando, ALAC, 7 y 8 de mayo 2019, en San José de Costa Rica (2019)
[3]Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos (2019-2021), op. cit.
[4] Organización Internacional del Trabajo, Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso – Resumen Ejecutivo, s.l., OIT, 2022.
[5] Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos (2019-2021), op. cit.

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